El 2 de agosto de 2013, se aprobaba una
nueva reprogramación de los programas especiales de modernización para
las Fuerzas Armadas por un total de 29.479,06 millones de euros
correspondientes al periodo 2002-2030.
Esta cantidad afecta a un total
de 20 programas, de los que siete corresponden a industria aeronáutica,
seis a naval, tres a terrestre y cuatro a misiles y comunicaciones.
El sector industrial de defensa español se ha visto potenciado por
tales programas que han representado un volumen importante de negocio
para algunas grandes empresas que han ejercido de tractores del
desarrollo industrial en diversas zonas de la geografía española y han
contribuido a mejorar la calidad de los sistemas en servicio de las
Fuerzas Armadas.
El Grupo ADS ha sido el contratista principal en dos
programas, EF2000 y A400M, que representan por sí solos un 53% del total
de esas inversiones. A este porcentaje habría que añadir un 11% de la
cifra total de negocio, correspondiente a los programas de helicópteros,
en los que Airbus Helicopters es el contratista principal.
El sector de la industria naval, representado por Navantia, ha sido
igualmente beneficiado por las políticas inversoras impulsadas desde el
gobierno. Los seis programas en los que actúa como contratista principal
representan un importe total próximo a los 6.200 millones de euros, un
21% de la cifra global.
Por su parte, GD SBS ha recibido contratos por
unos 3.500 millones de euros, una cifra que representa un porcentaje del
12% sobre el total y que ha contribuido al fortalecimiento del sector
de la industria terrestre.
El lado gris lo presenta el volumen de pagos pendientes entre 2014 y
2030 que ascenderán a unos 22.500 millones de euros.
Una cifra que
representa aproximadamente cuatro veces el presupuesto ordinario actual
del ministerio de Defensa (5.700 millones de euros). Del importe
pendiente el 87% corresponde a obligaciones derivadas de programas
aeronáuticos y navales, unos 14.300 y 5.300 millones respectivamente. El
volumen de pagos pendientes en el sector de industria terrestre, unos
2.500 millones de euros supone un 11% del total aproximadamente.
Sin embargo, esta “deuda”, mal llamada de defensa, no debe impedir
que se continúe con el impulso al desarrollo industrial tal y como se ha
hecho recientemente tras el acuerdo de Consejo de Ministros de 23 de
mayo con la decisión de abordar la construcción de dos nuevos buques de
acción marítima por valor de 333 millones de euros y que se realizará
entre 2014 y 2019.
El sector de industria terrestre puede al igual que los sectores
aeronáutico y naval, contribuir a la generación de riqueza y capacidad
tecnológica, a la vez que proporciona sistemas que son muy necesarios
para nuestras Fuerzas Armadas y para la seguridad de nuestras tropas en
operaciones.
En vísperas de la celebración de Eurosatory, posiblemente la mayor
feria de armamento terrestre del mundo, debemos recalcar la especial
situación en la que se encuentra la industria de armamento terrestre
europea.
Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI), en
un informe del pasado mes de marzo, señalaba los retos a los que se
enfrenta un sector europeo que afronta de una manera especial las
reducciones de los mercados nacionales y las dificultades en el ámbito
internacional.
Según ese informe, el impulso a este sector en Europa es
necesario para el desarrollo industrial, pero sobre todo para preservar
la autonomía estratégica y la capacidad para afrontar nuevos retos de
seguridad.
La conclusión final del estudio es que los países europeos
deben tomar decisiones para impulsar el mercado doméstico de material
terrestre o asumir las consecuencias de una pérdida de capacidad
industrial en ese sector.
Una conclusión que nos parece igualmente válida desde el punto de vista español
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