El
Informe Anual de Seguridad Nacional, que el pasado jueves fue
presentado al rey Felipe VI en una reunión solemne del Consejo de
Seguridad Nacional, destaca la amenaza que representan los “combatientes
retornados”, que vuelven a España tras haberse fogueado en las filas
del yihadismo en Siria o Malí, y la amenaza “cada vez más plausible y a
la vez la más peligrosa”, que representan los ciberataques contra
servicios esenciales de la sociedad.
Se trata de la primera radiografía completa de los riesgos y retos a
los que se enfrenta la Seguridad Nacional realizada en España, donde tan
importante es lo que se dice como lo que se calla. En el informe, tal
como destaca hoy el diario El País, no hay una sola alusión a
Rusia, aunque la OTAN se propone adaptar su estrategia ante el “renacido
expansionismo ruso” y España ha ofrecido medios militares para dar
garantías de seguridad a los aliados del Este de Europa.
El primer informe anual del consejo recoge la evolución y los avances
en todos aquellos retos encomendados en la Estrategia de Seguridad
Nacional aprobada por el Gobierno conservador de Mariano Rajoy en mayo
de 2013.
Pero aunque el documento se refiere a 2013, incluye referencias
posteriores “para asegurar la relevancia de la información en el momento
de su presentación formal”, como explica en su introducción; y el
Consejo de Seguridad Nacional lo aprobó el 25 de abril, más de un mes
después de que Putin decretase la incorporación de Crimea a Rusia.
España sí ve amenazada su seguridad en África Occidental, ,glfoel Sahel o
el Golfo de Guinea, escenario potencial de “nuevas crisis debido a la
fragilidad de las estructuras estatales, las tensiones tribales, étnicas
o religiosas, la corrupción, la proliferación de tráficos ilícitos y el
subdesarrollo”.
O en Libia, que tras la desaparición del régimen de Gadafi “se
enfrenta al riesgo de convertirse en refugio y campo de acción de redes
terroristas”.
A lo largo de más de 150 páginas, señala que la organización
terrorista vasca ETA “no tiene intención de disolverse sino que pretende
perpetuarse como agente político”.
El año pasado no hubo ninguna acción terrorista internacional en
España, pero sí un fuerte aumento del número de detenidos: 31 (20
yihadistas), frente a nueve del año anterior.
Tras recordar que en España operan redes de reclutamiento yihadista
para enviar a jóvenes a combatir en Malí o Siria, el informe advierte de
que “ello supone una nueva amenaza para la seguridad nacional en la
medida en que estas personas, una vez alcanzados los conocimientos
técnicos y el nivel de radicalización necesarios, pueden regresar y
representar un riesgo potencial de atentados en territorio español”.
El informe también constata que durante el año pasado “se incrementó
la frecuencia, variedad y amplitud” de los ciberataques, con “un gran
auge de los secuestros de equipos, tanto ordenadores como servidores, a
cambio de recompensa”. Las tres amenazas principales sobre las que
recomienda extremar la vigilancia son el ciberespionaje, el
ciberterrorismo y la ciberdelincuencia.
El informe tampoco menciona el reto soberanista de Cataluña –pese a
que amenaza el principio de unidad territorial del Estado–, y ello
porque, en opinión del Gobierno, “no es un problema de seguridad
nacional, sino político”.
© Flickr/ clspeace
RIA Novosti
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