Tras haber cerrado hospitales, eliminado la gratuidad de las recetas para los pensionistas, aumentado las tasas universitarias o elevado el número de alumnos por aula, la lucha contra el déficit amenaza ahora con dejar en dique seco algunos de los buques más emblemáticos de la Marina de guerra española.

El Cuartel General de la Armada está estudiando paralizar el portaaviones Príncipe de Asturias y dos de las seis fragatas de la clase Santa María (F-80) dentro de un drástico plan para ahorrar gastos de mantenimiento.

Técnicamente, se trata de dejar estos buques en “actividad restringida”, a la espera de que en el futuro sea posible recuperar su operatividad plena. Los expertos consideran, sin embargo, que se trata de un primer paso para su baja definitiva. Y ello por tres razones: porque no hay perspectivas de que la situación presupuestaria mejore a medio plazo, porque los barcos se deterioran con gran rapidez si no se utilizan y porque, debido a su antigüedad, su puesta a punto requeriría cuantiosas inversiones cuya rentabilidad resulta más que dudosa.

La decisión sobre el futuro del Príncipe de Asturias se tomará “al máximo nivel político”, según fuentes de la Armada, debido a su alto nivel simbólico. No es para menos: se trata del único portaaviones con el que cuenta España y, como tal, constituye un elemento disuasorio de primer orden. Su mera presencia en la proximidad de un escenario de conflicto, aunque sea en actitud pacífica y en aguas internacionales, constituye uno de los mensajes políticos más contundentes que pueden enviarse.

Los datos del recorte

Defensa tiene este año 6.316 millones, un 8,84% menos que en 2011.
En los últimos cuatro años los gastos militares se han reducido casi un 25%.
Los días de mar pasan de 49 a 40 y las horas de vuelo de 82.000 a 67.000.
La partida para combustible se reduce en un 44%.
Defensa debe pagar este año 2.370 millones en los grandes programas de armas, pero solo tiene 4,95 millones en su presupuesto.

El Príncipe de Asturias (R-11) entró en servicio en 1988, por lo que en 2018 cumplirá tres décadas, que es el ciclo de vida habitual de un buque de guerra. A mitad del mismo, en 2003, estaba previsto someterlo a unas profundas obras de remozamiento y modernización; sin embargo, estas nunca se realizaron debido a su elevado coste, unos 400 millones de euros, por lo que el portaaviones arrastra cada vez más achaques y gran parte de sus equipos están obsoletos.

Aunque no se haya declarado oficialmente, su actividad está ya muy limitada y no participa en grandes maniobras multinacionales. Solo en ejercicios cerca de su base de Rota, como los que hizo en abril pasado en el golfo de Cádiz para que los pilotos de los aviones Harrier pudieran obtener su calificación.

Precisamente, el hecho de que en los próximos meses vaya a incorporarse definitivamente a la Armada el buque de proyección estratégica LHD Juan Carlos I, ahora en periodo de pruebas, hará menos imprescindible el Príncipe de Asturias. El LHD no es un portaaviones, pero dispone de una pista en cubierta para aeronaves, lo que permitirá a los pilotos realizar las pruebas necesarias para mantener su aptitud para el combate.

En todo caso, España no sería el primer país que se queda sin portaaviones. Un país de fuerte tradición bélica como Reino Unido no tiene ninguno desde que, a finales de 2010, se anunció el desguace del Ark Royal, lo que ha obligado a pilotos británicos a entrenarse en el Príncipe de Asturias. También es cierto que la Royal Navy está construyendo dos portaaviones y ni los más optimistas creen que la Armada española encargue uno a medio plazo.

La razón estriba en su cuantioso coste. Solo mantener el Príncipe de Asturias cuesta unos 30 millones al año, y el presupuesto total de la Armada es de 903 millones, un 10% inferior al de 2011. El capítulo 2, que incluye el mantenimiento de buques, se ha reducido un 25% en los últimos cuatro años.

Ello ha llevado a la Armada a dar de baja este año el buque de desembarco Pizarro (que se compró de segunda mano a EE UU en 1995), la antigua corbeta Diana (lo que ha obligado a España a renunciar al mando rotatorio de la flota de cazaminas de la OTAN) y el patrullero de altura Chilreu (cuya actividad ha dejado de financiar la Secretaría General del Mar, del Ministerio de Agricultura). Además, según un portavoz de la Marina de Guerra, “se está realizando un estudio para evaluar los gastos de mantenimiento de cada uno de los buques. En función de sus resultados, se dará de baja o se pasará a actividad reducida alguno más”.

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