Los
pagos comprometidos a las industrias de defensa implicadas en los 19
programas especiales de armamento y los recortes en mantenimiento
convertirán a las Fuerzas Armadas, según un informe de la Fundación
Alternativas, en un "Ejército bonsái", con un amplio espectro de
materiales pero sin la posibilidad de utilizarlos por la imposibilidad
de dedicar el presupuesto suficiente para mantenerlos operativos.
La
fundación ha presentado esta mañana el informe "El impacto de la crisis
económica en la Defensa: autónoma irrelevancia o acción combinada",
elaborado por el investigador Bernardo Navazo con la colaboración, entre
otros, del ex secretario de Estado de Defensa Constantino Méndez, el
vicepresidente ejecutivo de la fundación, Nicolás Sartorius, y el ex
diputado del PSOE Jordi Marsal.
Las
conclusiones del informe, similares a las evaluaciones presentadas por
Méndez en septiembre de 2011, poco antes de dejar el cargo en el
Ministerio, son demoledoras: el Ministerio de Defensa está en una
situación de "colapso financiero", con unos compromisos de pago a la
industria de unos 3.500 millones de euros anuales desde 2012 hasta 2025,
mientras que "la proyección de la asignación presupuestaria media anual
para dicho capitulo el mismo periodo se acerca a los 1.300 millones".
Así, "el Ministerio de Defensa tiene un desfase entre ingresos y gastos"
de "más de 2.200 millones de euros al año durante la próxima década y
media".
El
documento presenta una comparación con la situación económica de los
Ministerios de Defensa de Francia, Reino Unido, Alemania e Italia,
concluyendo que en estos países se han ejecutado tres medidas frente a
las restricciones económicas: la reducción del personal de los
Ejércitos; el desmantelamiento de grandes sistemas de armamento, entre
los que destaca la eliminación de carros de combate en Holanda, Reino
Unido y Alemania; y la reducción de unidades solicitadas de los nuevos
sistemas programados, algo que, incide repetidamente el informe, no ha
hecho aún España.
Las
diferencias entre el presupuesto inicial en 2012 (6.316 millones de
euros) y el finalmente ejecutado (9.607 millones) es de un 30.69%. El
desfase, explica Navazo, motivado por la inclusión de los organismos
autónomos dependientes de Defensa, el coste de las misiones en el
exterior y el crédito extraordinario para los programas especiales,
matiza "la sabiduría popular sobre el Minsterio de Defensa", que entre
2007 y 2013 habría sufrido un recorte de un 8,7%, "cantidad alejada de
lo que se suele comentar públicamente" (un 28%, según el secretario de
Estado, Pedro Argüelles).
El Ejército quedará inoperativo antes que obsoleto
El
investigador incide en que Defensa ha blindado las adquisiciones con
"leves retrasos y refinanciaciones", priorizando los recortes en los
capítulos de mantenimiento y personal, lo que "está poniendo en peligro
la seguridad del Estado". Por eso, aconseja "priorizar sesudamente" lo
que se considere necesario y "recortar, compartir e hibernar" el resto
de capacidades. Si no se hace así, "el ejército quedará inoperativo
antes que obsoleto".
"El
proceso de modernización de los PEA (Programas Especiales de Armamento)
puede provocar la parálisis operativa de las Fuerzas Armadas", insiste
Navazo, que señala varias soluciones para resolver la "deuda de
Defensa": la compensación de los 14.000 millones de euros que las
empresas deben al Ministerio de Industria; la colaboración con otros
países para compartir capacidades; la revisión del sistema de
adquisiciones y un ejercicio de priorización que permitiría "llevar a
cabo de manera racional los recortes a los que el Ministerio se verá
forzado". Sin embargo, esta
priorización se ve afectada por la falta de un "documento estratégico
maestro apoyado por la mayoría del espectro político" que indique los
riesgos y amenazas y que señale los objetivos estratégicos de la segunda
década del s. XXI.
La
propuesta para renegociar los programas especuales de armamento es
similar a la utilizada por el ministro de Defensa alemán, Thomas de
Meziére, quien ha planteado a las empresas la disyuntiva de abonar todos
y cada uno de los pagos, a costa de ser incapaz de adquirir nuevos
sistemas para tener capacidades futuras, o renegociar reducciones o
cancelaciones de los contratos actuales, asegurando así encargos a medio
plazo.
Unos compromisos de difícil cumplimiento
El
ex secretario de Estado Constantino Méndez ha reconocido que el
problema de los programas especiales de armamento "no es coyuntural,
sino estructural", provocado por la escasez presupuestaria y la "mala
planificación", aunque ha resaltado la importancia de estos contratos
para la adquisión de la base tecnológica e industrial con la que cuenta
España.
Méndez, como hizo
poco antes de dejar su cargo en el Ministerio, ha insistido en que los
pagos comprometidos hasta 2025 son "de difícil cumplimiento" y ha urgido
a buscar una solución viable. De no ser así, ha dicho, España se
limitará en el futuro, como ya ocurrió en el pasado, a ser un país
comprador de tecnologías desarrolladas por otros.
Julián
García Vargas, ex ministro de Defensa y actual presidente de la
Asociación Española de Empresas de Empresas Tecnológicas de Defensa,
Aeronáutica y Espacio (TEDAE), ha reconocido que la lista de capacidades
contratadas "podría haberse estudiado mejor", en un momento en el que
hubo una "acumulación de peticiones de los cuarteles generales".
García
Vargas, ministro de Defensa entre 1991 y 1995, antes de que se firmaran
los primeros contratos, ha señalado que "es muy fácil equivocarse en
una época de aceleración histórica". De cualquier manera, el presidente
de TEDAE ha insistido en la necesidad de que exista seguridad jurídica y
de que se cumplan los contratos firmados -o al menos se renegocien-,
porque "no se puede decidir no pagar de forma unilateral".
http://www.revistatenea.es
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